Publicado el 22 de enero de 2025
Human Rights Watch, en colaboración con la Liga de Salud Trans y Calle 7, ha publicado el informe “Aprendí a decir no: Abusos laborales y explotación sexual en los estudios de webcam colombianos”, un análisis exhaustivo que expone las condiciones laborales y humanas que enfrentan miles de trabajadoras en esta industria multimillonaria.
En Colombia, la industria webcamer para adultos ha crecido exponencialmente en los últimos años, con más de 5,000 estudios en funcionamiento y alrededor de 40,000 modelos trabajando para esta. El informe narra que a pesar de que es una actividad económica lícita y multimillonaria, detrás de esta emergen condiciones laborales que vulneran derechos fundamentales y reflejan una preocupante desprotección legal y social para quienes la ejercen.
En los estudios de Bogotá, Cali, Medellín y Palmira, las trabajadoras enfrentan jornadas que pueden extenderse hasta 24 horas, teniendo que estar en cubículos reducidos y sin ventilación. Estos espacios, a menudo insalubres y mal equipados, afectan directamente su salud física. Adicionalmente, deben afrontar prácticas inhumanas como la imposición de multas por pausas para ir al baño o comer, así como un monitoreo constante que genera altos niveles de estrés y ansiedad.
“(…) Hay que añadir las multas: 5 por ciento por llegar tarde, 5 por ciento por conectarse tarde, 5 por ciento por volver tarde del descanso. Así que eso supone un 15 por ciento [de tu sueldo] por un descanso”, explicó una de las modelos entrevistadas en el informe.
A pesar de los altos ingresos que genera esta industria, las trabajadoras reciben una fracción mínima de sus ganancias. Las plataformas internacionales como BongaCams o Chaturbate descuentan un porcentaje de aproximadamente el 50%. Los estudios, después de este descuento, se quedan con aproximadamente el 70% de los ingresos generados. En consecuencia, muchas modelos ven reducido su esfuerzo a un ingreso que no corresponde con las largas horas trabajadas ni con los riesgos asumidos.
Asimismo, el 98% de las trabajadoras nunca tuvo acceso a los términos y condiciones de las plataformas donde transmiten. “49 de las 50 modelos entrevistadas no vieron estos acuerdos cuando fueron contratadas por un estudio (…) En muchos de estos casos, esta falta de consentimiento informado dejó a las modelos sin la información esencial que necesitaban para asegurarse de que se les pagaba justamente y de que podían tomar decisiones eficaces sobre sus horas de trabajo, descansos y qué solicitudes de clientes aceptar. En algunos casos, esto condujo al robo de salarios, la coacción, la explotación sexual y la explotación laboral”, añade el informe.
Como se ha mencionado previamente, trabajar como modelo webcam es una actividad económica lícita, y “la explotación sexual no es inherente al modelaje webcam, sino que es precisamente esta priorización de los beneficios de terceros sobre el consentimiento del trabajador lo que constituye explotación sexual”, enfatiza el informe.
Al respecto, uno de los aspectos más preocupantes es la coacción para realizar actos sexuales no consentidos. Según el informe, algunas trabajadoras han sido obligadas a continuar transmisiones o realizar actividades bajo amenazas de perder sus cuentas o ingresos.
Una de las modelos entrevistadas comentó al respecto: “Cuando entrábamos en salas de chat privadas y los clientes eran abusivos, los monitores decían ‘bueno, están ganando dinero, deberían esforzarse al máximo’. Y quieren que aceptemos cosas que no podemos aceptar. Hice muchas cosas que ahora no aceptaría por esa cantidad de dinero”.
Otro fenómeno alarmante es el uso de ‘cuentas recicladas’, una práctica que permite a los estudios evadir restricciones de edad al registrar a menores con perfiles de modelos adultas. Esto constituye una grave violación de los derechos humanos y evidencia la falta de supervisión efectiva.
La informalidad en la que opera la industria webcam en Colombia refleja una carencia de regulaciones por parte del gobierno colombiano. No existen estándares claros que aseguren condiciones dignas de trabajo ni mecanismos de inspección para los estudios. Por otro lado, las plataformas internacionales también tienen un rol clave en perpetuar estas prácticas al no garantizar estándares laborales mínimos.
Existen propuestas concretas para abordar estas problemáticas y garantizar un entorno laboral más justo. Entre ellas se destacan:
Al respecto, el informe enfatiza que las regulaciones son urgentes y necesarias: “Las modelos dijeron en repetidas ocasiones a Human Rights Watch que querían conseguir unas condiciones laborales mejores y más respetuosas en los estudios en gran parte porque no querían abandonar el trabajo por completo. Para muchas de las personas entrevistadas, el trabajo en los estudios les permitía pagarse estudios superiores, mantener a sus familias, acceder a cuidados que afirmaran su género, alquilar un apartamento seguro y acceder consistentemente a ropa y a comida de calidad. Al mismo tiempo, las personas entrevistadas en las cuatro ciudades relataron experiencias de violencia sexual y acoso por parte de clientes y de la dirección de los estudios, así como de explotación sexual por parte de los estudios y las plataformas, lo que indica la necesidad de reformar el sector de acuerdo con los derechos laborales según las normas internacionales y colombianas”.
El reto recae tanto en el gobierno colombiano como en las plataformas internacionales para establecer un marco que regule esta actividad y garantice los derechos de las trabajadoras.
Puedes consultar el informe completo y acceder a más información en nuestra biblioteca virtual.