El presente artículo indaga, de una manera crítica, la institución jurídica de las pensiones alimenticias y su impacto en la economía de las mujeres, lo que la constituye en una suerte de “Violencia Patrimonial” como lo contempla la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Se plantea la necesidad de incorporar el análisis económico del derecho, dentro del cual el fenómeno jurídico aborda la necesidad de examinar los componentes legales, pero además las cadenas de valor desde la perspectiva de género. Se abordan los patrones socioculturales que profundizan y naturalizan las paternidades irresponsables y sus consecuencias en la niñez y la adolescencia en lo relativo a la disminución de recursos económicos para cubrir la educación de su prole y la ausencia de la coeducación, tanto en la escuela, como en la familia, como un ámbito importante de aprendizaje de las masculinidades.