Publicado el 27 de septiembre de 2024
Cada 28 de septiembre se conmemora el Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro en América Latina y el Caribe. Esta jornada busca reivindicar los derechos sexuales y reproductivos, reflexionando sobre los avances logrados, los retos persistentes y la necesidad de garantizar un acceso equitativo al aborto de manera digna, segura y legal.
La lucha por la legalización del aborto ha ganado fuerza en los últimos años, con algunos avances importantes en ciertos países, mientras que otros mantienen fuertes restricciones. La región, caracterizada por sus profundas desigualdades y legislaciones dispares, presenta un panorama mixto en cuanto al acceso seguro, lo que pone en riesgo la vida y la salud de millones de mujeres, hombres trans y personas no binarias.
Las leyes sobre el aborto varían ampliamente entre países, con algunos manteniendo modelos regulatorios de penalización total, mientras que otros han hecho avances notables en sus marcos jurídicos. Asimismo, existen casos en los que las leyes se han vuelto aún más restrictivas.
Siete países de la región mantienen una prohibición absoluta del aborto: El Salvador, Honduras, Nicaragua, Jamaica, Haití, República Dominicana y Surinam. (Center for Reproductive Rights).
En estos países se criminaliza a quienes decidan, o necesiten, acceder a un aborto, victimizándoles, acrecentando desigualdades socioeconómicas, e inclusive colocando sus vidas en riesgo. Como señala el informe “Leyes y Sombras” del Consorcio Latinoamericano contra el aborto inseguro (CLACAI), “la prohibición del aborto no solo hace que los abortos voluntarios ocurran en la clandestinidad, sino que niega la asistencia médica a personas con complicaciones producto de abortos espontáneos”.
En El Salvador, por ejemplo, desde 1997 las leyes se han restringido aún más, eliminando la posibilidad de abortar por cualquier causal. Las mujeres se enfrentan a un sistema judicial hostil que ha procesado a 181 de ellas por abortar, siendo la mayoría de estas provenientes de contextos de alta vulnerabilidad. Otro caso es el de Honduras, donde la reforma constitucional de 2021 ha blindado la prohibición, obligando a las víctimas de violación a continuar con embarazos no deseados. Asimismo, en República Dominicana, un intento de reforma fue declarado inconstitucional por el sector conservador, volviendo a la penalización total. (CLACAI).
Al respecto, es sumamente importante que como región podamos hacer frente a los movimientos conservadores que continúan endureciendo las leyes y el acceso en la región, pues la prohibición no significa que haya menos abortos, pero sí más procedimientos en la clandestinidad que ponen en riesgo la vida de mujeres, hombres trans y personas no binarias.
Modelos regulatorios por causales.
La mayoría de los países de la región (14) reconoce este modelo en el que se puede acceder al aborto de manera legal bajo condiciones determinadas, entre las que se pueden encontrar principalmente razones de salud, preservación de la vida, violencia sexual y razones económicas y sociales (Center for Reproductive Rights).
Entre ellos, se encuentran:
De estos países algunos también permiten el aborto en casos de violencia sexual, como es el caso de: Brasil, Chile y Panamá.
Ahora bien, a pesar de que existan estas causales que amplían derechos frente a una absoluta prohibición, siguen siendo sistemas restrictivos que limitan la autonomía plena.
A lo largo de los últimos años, varios países de América Latina y el Caribe han logrado avances históricos en la despenalización del aborto. Seis de estos han adoptado un modelo mixto, permitiendo el aborto voluntario dentro de un límite de semanas de gestación, tras el cual se aplican causales específicas. Estos países son Colombia, Cuba, Uruguay, Argentina, Guyana y Guayana Francesa.
Al respecto, en 2012 Uruguay fue pionero al legalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación, con procesos de asesoría obligatoria. Argentina se sumó en 2020, permitiendo la interrupción voluntaria hasta las 14 semanas, un logro impulsado por una amplia movilización feminista. Adicionalmente, desde 2022, a través de la Sentencia C-055, la Corte Constitucional despenalizó totalmente el aborto hasta la semana 24 de gestación en Colombia, marcando un hito en los derechos reproductivos en la región.
En México, la Corte Suprema despenalizó el aborto en 2021, aunque el acceso sigue dependiendo de los estados, reflejando las complejidades del sistema federal.
Vale la pena resaltar que, en los plazos definidos para acceder de manera voluntaria al aborto, este debe ser asegurado y la decisión de la persona en embarazo no puede ser cuestionada.
En los países donde el aborto es voluntario, se han observado avances positivos en diversos aspectos de salud pública y derechos humanos. Según la OMS, la legalización del aborto repercute directamente en la reducción de las tasas de mortalidad materna, permitiendo que más personas accedan a servicios seguros y profesionales, eliminando las peligrosas prácticas clandestinas. Además, el aborto legal impulsa cambios en las políticas públicas, promoviendo la equidad en el acceso a la salud sexual y reproductiva. En Argentina y Uruguay, por ejemplo, el número de complicaciones por abortos inseguros ha disminuido considerablemente, reflejando el impacto positivo de garantizar este servicio esencial.
En Colombia, Profamilia reporta que, entre marzo de 2022 y diciembre de 2023, el 90% de los abortos realizados ocurrieron antes de la semana 12 de gestación, lo que refleja un aumento del 18.7% en el acceso a procedimientos seguros.
Lo anterior coloca en evidencia la importancia del avance jurídico enfocado en los derechos y no en la penalización.
A pesar los avances mencionados, persisten desafíos que dificultan el acceso efectivo a los servicios de aborto en muchos países de la región.
Si bien varios países permiten el aborto libre dentro de un marco gestacional definido, estos todavía enfrentan retos importantes. Entre ellos destacan la desigualdad en el acceso, especialmente en zonas rurales, y la objeción de conciencia del personal médico, lo cual limita la prestación de servicios. Además, la desinformación y el estigma social siguen siendo barreras adicionales para las personas que buscan acceder a este.
Asimismo, la falta de infraestructura médica suficiente y la escasez de mecanismos de supervisión efectivos crean inconsistencias en la disponibilidad y calidad de los servicios de aborto. Estos desafíos subrayan la urgencia de mejorar la implementación de políticas públicas que garanticen un acceso equitativo y seguro al aborto, más allá de la legalización formal (CLACAI).
También es importante resaltar que los hombres trans y personas no binarias atraviesan barreras adicionales para acceder al aborto. La invisibilidad de sus experiencias en los sistemas de salud y la falta de reconocimiento de sus identidades exacerban la discriminación. Como indican Profamilia y la Alianza Trans Abortera de Colombia (ATAC), “el sistema de salud está soportado en una visión binaria que no contempla a los hombres trans o personas no binarias como sujetos de derechos reproductivos”. Esta invisibilidad contribuye a la exclusión de estas personas de los servicios de aborto, y a menudo su género es ignorado o cuestionado cuando intentan acceder a dichos servicios.
Esta intersección de identidades de género y derechos reproductivos requiere una atención urgente, ya que, como señala el mismo informe, “la idea de que un hombre o una persona no binaria requiera un aborto no hace parte de los imaginarios médicos”, lo que los expone a un trato inadecuado o incluso a la negación del servicio. Por lo tanto, es crucial que los sistemas de salud reconozcan estas realidades para garantizar que el acceso al aborto sea equitativo y libre de discriminación, para todas las personas con capacidad de gestar.
Según el Centro de Derechos Reproductivos, “la denegación de la atención del aborto no es más que una violación de los derechos humanos”. Es crucial que los Estados y territorios despenalicen el aborto y garanticen este servicio esencial de salud en condiciones seguras. Las leyes restrictivas generan graves consecuencias, incluyendo aproximadamente 39.000 muertes anuales a nivel mundial por abortos inseguros, la pérdida de oportunidades educativas y económicas, y la profundización de la marginalización histórica de las poblaciones en vulnerabilidad.
Asimismo, el Instituto Guttmacher reporta que el aborto inseguro es una de las principales causas de mortalidad materna en la región, subrayando la urgencia de una respuesta coordinada y efectiva. Anualmente, se estima que 6,5 millones de abortos se llevan a cabo en condiciones de alto riesgo en América Latina y el Caribe, afectando principalmente a mujeres en situación de vulnerabilidad.
Las barreras en el acceso a servicios de aborto seguro ponen sobre la mesa la necesidad de seguir trabajando por la justicia reproductiva. El acceso igualitario y la garantía de derechos siguen siendo una meta lejana para muchas mujeres, hombres trans y personas no binarias, especialmente para quienes enfrentan situaciones de pobreza, discriminación y exclusión geográfica. Asimismo, es fundamental que los servicios de aborto consideren las necesidades de todas las personas gestantes, incluyendo hombres trans y personas no binarias, quienes enfrentan barreras adicionales debido a la invisibilidad y discriminación en el sistema de salud.
Los avances judiciales y sociales son pasos en la dirección correcta, pero el verdadero desafío es asegurar el acceso a servicios de aborto seguros, legales y asequibles. La conmemoración del Día de la Acción Global por el Acceso al Aborto Legal, Seguro y Gratuito (28 de septiembre), es una oportunidad para renovar el compromiso con la salud y los derechos reproductivos.
Hoy, más que nunca, la lucha por el aborto libre, seguro y accesible en América Latina y el Caribe es una lucha por la vida. Porque sin aborto legal, no hay justicia reproductiva.