Publicado el 7 de julio de 2023
El embarazo adolescente es un problema de salud pública a nivel mundial. Reducir las cifras es un reto que es responsabilidad de todos.
La última Encuesta Nacional de Demografía y Salud en Colombia (2015), reveló que, en general, los colombianos tienen un conocimiento amplio sobre la existencia de métodos anticonceptivos, y que, en mujeres y hombres adolescentes entre 13 y 19 años de edad, el conocimiento de algún método anticonceptivo está por encima del 97%. Sin embargo, la encuesta también expone que:
Las cifras anteriores son clara muestra de que la falta de educación y el desconocimiento de los derechos reproductivos son barreras que afectan el disfrute pleno de la sexualidad y que impiden que los y las adolescentes ejerzan su autonomía reproductiva. Además, los adolescentes se enfrentan a barreras como:
La exigencia del consentimiento de los padres o tutores legales para acceder a servicios de salud sexual y reproductiva, lo cual, además de violar el derecho a la privacidad e intimidad de los jóvenes, crea “una barrera de acceso en los adolescentes y jóvenes, quienes por miedo o vergüenza de contarlo pueden iniciar su vida sexual sin tener acceso a métodos anticonceptivos para prevenir embarazos no deseados, el VIH y otras infecciones de transmisión sexual”, indica un estudio realizado por UNFPA.
En América Latina, algunas legislaciones políticas de acceso a métodos anticonceptivos requieren un mínimo de edad para acceder a métodos anticonceptivos, sin tener en cuenta que algunos adolescentes experimentan adolescencias tempranas. En el caso del condón masculino, que se provee gratuitamente por los sistemas de salud de países como Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia y otros más, se requiere en algunos casos una edad mínima de 12 o 14 años para ser entregado de forma gratuita. Por el contrario, el condón femenino solo está contemplado en el plan de distribución gratuita de seis países de América Latina: Bolivia, Brasil, Ecuador, México, Perú y Uruguay, señala un análisis de UNFPA.
La píldora oral de emergencia, por su parte, se encuentra contemplada en el plan de salud de la mayoría de los países de la región, sin restricciones de edad. Sin embargo, países como Costa Rica, Honduras y Perú no la contemplan, y otros países como Guatemala solo la distribuyen de manera gratuita en casos de violencia sexual, destaca el mismo documento.
La pobreza, la inequidad social y de género son barreras que impiden que los adolescentes puedan acceder a métodos anticonceptivos, no solo por el costo de estos, sino por la cantidad de gastos adicionales que implica la demanda de estos servicios, como el costo de transporte, inversión de tiempo, trámite de documentos, entre otros, resalta el informe ‘Barreras para el acceso de adolescentes y jóvenes a servicios de salud’ desarrollado por UNFPA.
Dentro de los sistemas de salud nacionales convergen varias dinámicas que repercuten en la calidad de servicios y el acceso a la salud. Ciertos factores como la infraestructura, la cultura organizacional, la formación de los colaboradores, los protocolos, los tiempos de espera (citas y entrega de medicamentos) entre otros, juegan un papel fundamental a la hora de acceder a métodos anticonceptivos y otros servicios de salud reproductiva. Sumado a lo anterior, si el personal no está capacitado en temas de salud sexual y derechos reproductivos, se pueden presentar casos en los que los trabajadores de la salud interpongan barreras secundarias por motivos ideológicos, culturales, religiosos o de valores personales y nieguen el acceso a servicios de salud reproductiva a la población más joven, señala el informe de UNFPA.
La diversidad geográfica de Colombia hace que algunos territorios sean de difícil acceso y, por ende, los servicios de salud sean nulos, escasos o limitados en ciertas regiones. De hecho, la Encuesta Nacional de Demografía y Salud en Colombia (2015) señala que la mayoría de las adolescentes entre 15 y 19 años de edad que estuvieron embarazadas o ya habían sido madres (entre los años 2010 y 2015) eran jóvenes de áreas rurales del país. Organizaciones como Profamilia se han encargado de llevar servicios de salud sexual y reproductiva diversos territorios con su estrategia de unidades móviles, para ofrecer servicios y asesorías sobre salud sexual y reproductiva en las regiones.
Para lograr que más adolescentes accedan a servicios de salud sexual y reproductiva y métodos anticonceptivos es necesaria la implementación de estrategias que le permitan a esta población conocer sus derechos y que les muestre de manera cercana y amable que pueden ejercer su autonomía reproductiva sin obstáculos. Las soluciones móviles, como la mencionada anteriormente, son una opción para llegar directamente a los adolescentes en sus lugares de estudio, barrios o comunidades, ya que, al estar en sus contextos, los jóvenes evitan gastos económicos e incrementan su interés por acceder a servicios de salud sexual y reproductiva.
La educación integral para la sexualidad es de suma importancia para asegurar que niños, niñas y adolescentes tomen decisiones informadas y conscientes sobre sus cuerpos y su sexualidad. Además, al tener conocimiento sobre sus derechos sexuales y reproductivos, los jóvenes se hacen más conscientes de que pueden enfocarse en la construcción y desarrollo de sus proyectos de vida. El proyecto ‘Valiente’ de Profamilia, desarrollado en alianza con la embajada de Canadá, es un ejemplo que demuestra que, al empoderar a niñas, niños y adolescentes en el conocimiento de sus derechos sexuales y reproductivos, se previenen embarazos no deseados y se incrementa la capacidad de incidencia política y social en los jóvenes, quienes se convierten en agentes de cambio en sus comunidades.
En Share-Net Colombia seguiremos trabajando por visibilizar y eliminar estas barreras que impiden a los adolescentes acceder a métodos de anticoncepción.